A cuatro años de la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato-Salamanca, familiares del joven y su equipo legal emitieron un pronunciamiento para exigir justicia y que el caso no quede impune.

El universitario fue asesinado el 27 de abril de 2022 durante un ataque armado perpetrado por elementos de la Guardia Nacional contra un grupo de estudiantes.

Durante el posicionamiento, los familiares señalaron que, de acuerdo con su versión, no existía motivo para que los agentes federales abrieran fuego contra los jóvenes, por lo que exigieron que existan sentencias firmes contra los responsables.

La madre del estudiante, Norma Lucía Rangel Sánchez, recordó que el día de los hechos otros tres universitarios que acompañaban a su hijo, todos menores de 20 años, también resultaron heridos por los disparos realizados por los elementos federales.

La familia reiteró que el caso debe resolverse conforme a la ley y pidió que se haga justicia por la muerte del joven, además de que el hecho no quede impune.

Rangel Sánchez también solicitó a los medios de comunicación dar seguimiento a las audiencias de juicio oral contra dos elementos de la Guardia Nacional detenidos por este caso, las cuales iniciarán el próximo martes 17 de marzo en la capital del estado.

De acuerdo con los abogados de la familia, las audiencias podrían extenderse durante varios días o incluso semanas, ya que se prevé la participación de testigos, sobrevivientes y peritos tanto de la Fiscalía del Estado como de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, se contempla la intervención de especialistas de la defensa y la posible declaración de los acusados, tras lo cual el juez deberá determinar si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria.

La acusación busca que los dos agentes sean sentenciados por homicidio calificado en agravio de Ángel Yael y por homicidio calificado en grado de tentativa contra tres estudiantes que viajaban en la camioneta EcoSport el día del ataque.

Según el equipo legal, en caso de que se emita una sentencia condenatoria, las penas acumuladas podrían superar los 50 años de prisión, además de las medidas de reparación del daño correspondientes.

Actualmente, uno de los elementos permanece en prisión preventiva en una cárcel militar de Zapopan, Jalisco, identificado como Jesús, mientras que el segundo acusado, identificado como Iván, enfrenta el proceso en libertad con medidas restrictivas.