Guanajuato, Gto., 29 de julio de 2026.- El Grupo Parlamentario de Morena defendió la viabilidad jurídica y constitucional de la iniciativa presentada por la diputada Hades Aguilar para expedir la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato, al dejar en claro que la propuesta no invade competencias de la Federación, sino que fortalece la actuación del Estado mediante un modelo integral de prevención, tratamiento, reducción de daños e integración comunitaria.

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Antonio Chaurand, en la que participaron representantes de dependencias estatales, organismos autónomos, asesores legislativos y centros de rehabilitación, el coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Morena, Francisco Escamilla, respondió a los señalamientos de que la iniciativa regula una materia de competencia federal.

Escamilla explicó que la propuesta armoniza la legislación estatal con el marco jurídico nacional, sin duplicar funciones ni sustituir las atribuciones de la Federación. Precisó que la armonización normativa consiste en eliminar contradicciones con las leyes generales y desarrollar, dentro de las facultades del Congreso del Estado, un esquema integral para enfrentar uno de los problemas de salud pública más graves que enfrenta Guanajuato.

Subrayó que la iniciativa remite de manera permanente a la Ley General de Salud y a las Normas Oficiales Mexicanas, particularmente en lo relacionado con la instalación, operación y supervisión de los centros de rehabilitación, lo que demuestra que la propuesta respeta plenamente el marco jurídico federal.

En respuesta a la observación de la Consejería Jurídica, que comparó la iniciativa con una propuesta presentada anteriormente por el PRI y posteriormente archivada, Escamilla sostuvo que ambas plantean enfoques completamente distintos.

Explicó que la iniciativa impulsada por Morena no se limita a regular centros de atención, sino que construye una política pública integral, basada en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, la reinserción social y la corresponsabilidad institucional para garantizar el acceso efectivo a los servicios de atención.

Como ejemplo, señaló que, si bien la Norma Oficial Mexicana establece que los centros de rehabilitación deben contar con un responsable médico, muchos de ellos carecen de recursos para cumplir ese requisito. Por ello, la iniciativa propone que la Secretaría de Salud asuma obligaciones para contribuir a que los establecimientos puedan cumplir con esa disposición, fortaleciendo así la calidad de la atención.

Defienden el consentimiento informado y la protección de los derechos humanos

Respecto a las observaciones formuladas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Morena reiteró que la iniciativa coloca en el centro la voluntad y la dignidad de las personas usuarias.

El artículo 31 establece que el consentimiento informado será un requisito indispensable para recibir servicios de atención en materia de adicciones, una vez que la persona haya recibido información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre el tratamiento que se le propone.

Asimismo, la iniciativa prevé que únicamente cuando la persona no esté en condiciones de manifestar su voluntad, el consentimiento pueda ser otorgado por familiares, representante legal o persona autorizada, siempre mediante mandato judicial, como una garantía adicional para salvaguardar los derechos humanos y evitar internamientos arbitrarios.

Defienden el consentimiento informado y la protección de los derechos humanos

Respecto a las observaciones formuladas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Morena reiteró que la iniciativa coloca en el centro la voluntad y la dignidad de las personas usuarias.

El artículo 31 establece que el consentimiento informado será un requisito indispensable para recibir servicios de atención en materia de adicciones, una vez que la persona haya recibido información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre el tratamiento que se le propone.

Asimismo, la iniciativa prevé que únicamente cuando la persona no esté en condiciones de manifestar su voluntad, el consentimiento pueda ser otorgado por familiares, representante legal o persona autorizada, siempre mediante mandato judicial, como una garantía adicional para salvaguardar los derechos humanos y evitar internamientos arbitrarios.

Plantean fortalecer la coordinación institucional

Durante la mesa de análisis, la titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado reconoció que la propuesta retoma un modelo de atención integral con enfoque de derechos humanos, por lo que consideró que su aprobación representaría un avance significativo para Guanajuato en la atención de las personas con problemas de adicción.

No obstante, planteó la necesidad de revisar la articulación de las nuevas instancias previstas en la iniciativa —como el Consejo Estatal, los comités municipales y el Programa Estatal de Atención Integral a las Adicciones— con la infraestructura y las redes de salud mental que actualmente operan en la entidad.

También destacó que la propuesta incorpora el modelo de justicia terapéutica, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Centros de rehabilitación denuncian abandono institucional

En su intervención, el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, lamentó que durante más de dos décadas las autoridades no hayan construido un modelo efectivo para atender la problemática de las adicciones.

Señaló que muchos centros de rehabilitación enfrentan condiciones adversas y carencias institucionales que los obligan a asumir responsabilidades sin el respaldo suficiente del Estado, por lo que advirtió que imponer mayores restricciones, sin ofrecer alternativas de apoyo, podría propiciar la operación clandestina de algunos establecimientos.

“Si el gobierno nos empieza a poner trabas nos vamos a ir a la clandestinidad. En el país no existe un modelo de atención para tratar a las personas con adicciones”, expresó Nicolas Pérez.